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El detective privado de oficio.

Respecto a la posible aparición del detective privado de oficio en el ordenamiento jurídico español se suscitan una serie de importantes controversias. Por un lado, se encuentran los partidarios que consideran que la investigación de hechos delictivos tan sólo lo pueden llevar a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por otro lado se encuentra la postura defendida por los detectives privados legalmente habilitados que sostienen que pueden realizar investigaciones centradas en unos determinados tipos penales, como pueden ser delitos societarios o delitos contra el patrimonio.

Este es el motivo que ha justificado  a que el Colegio de detectives privados de la Comunidad Valenciana presentara un informe a la Consejería de Justicia, Interior y Administraciones públicas con el objeto de que los detectives privados pudieran investigar delitos perseguibles de oficio y colaborar en los casos de violencia de género. Estos detectives por tanto ayudarían a personas sin recursos a obtener las pruebas necesarias para que su caso pudiera ser presentado ante los tribunales de justicia correspondientes, invocando por tando derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución como es el de la tutel judicial efectiva. El colegio ha solicitado igualmente a que estos profesionales puedan investigar robos, hurtos, etc… a petición de personas físicas como jurídicas que tengan un interés legítimo en los hechos a investigar.

El detective por tanto no sólo actuaría como un soporte más del Estado de derecho sino que su actuación podría también relacionarse con la prevención y la adopción de medidas de seguridad en donde los detectives privados podrían aportar pruebas tendentes a la comprobación de que las medidas de alejamiento judicialmente acordadas han sido vulneradas por el agresor.

Desde detectives A2 abogamos para que los detectives privados puedan participar de una manera activa en la investigación de determinados ilícitos penales bajo la autorización del juez competente y para ello nos basamos en preceptos constitucionales que son desde nuestro punto de vista referentes en la construcción del Estado de derecho, como el artículo que hace referencia a la tutela judicial efectiva, ( artículo 24 CE ), en donde se establece que los ciudadanos tienen el derecho a un proceso justo y sin dilaciones injustificadas y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

Por tanto desde esta tribuna queremos desde detectives privados A2 lanzar una reflexión acerca de la necesidad de reformar la legislación actual que afecta a nuestra profesión con el objeto de que los detectives privados se conviertan en un actor necesario en la investigación de hechos delictivos y en la protección de mujeres amenzadas. Queremos y podemos hacerlo, no sólo por una cuestión de ética profesional sino también por formación.

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  1. Sherlock
    06/02/2011 en 14:04

    La aparición del detective privado como detective de oficio sería un avance en cuanto al derecho que tiene todo ciudadano de recabar la tutela judicial efectiva por parte de jueces y tribunales de justicia que por cierto es un derecho que aparece garantizado en nuestra Constitución

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